Ley de Ingresos 2018 entre la polémica y la incertidumbre

Durante las últimas dos semanas la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 fue tendencia en los medios y esto significó un recuento de una serie de sucesos donde las principales delegaciones disputaban por un aumento a sus ingresos. Tal es el caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) el cual se le aprobó el aumento de 23 por ciento a la tarifa del suministro del agua para la industria y el comercio, esto para poder cubrir el mantenimiento de las plantas tratadoras.

Asimismo, El presidente municipal de Ensenada estableció un aumento al impuesto de 37 mil pesos a las vinícolas y establecimientos que producen, almacenan y venden vino. Esto es incongruente pues afectaría a los pequeños negocios que no se han establecido ya que no podrían pagar tal cantidad, además de que perjudicaría la economía de Ensenada pues la producción y venta de vino es su principal fuente industrial y turístico y de ser aprobado el aumento, será más accesible y barato producir vino en otros países que Ensenada.

Por otro lado, diferentes y múltiples opiniones describen a la Ley de Egresos para 2018 como electorera y que beneficia a las campañas políticas, ya que se aprobó por el Poder Legislativo que más de la mitad del presupuesto contemplado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) en su propuesta de Ley de Ingresos 2018, se destinará a los gastos de operación de partidos políticos: 134 millones para los partidos y 89 millones para gastos de operación del Instituto.

Esto quiere decir que se destinará una gran cantidad a dependencias no prioritarias, como lo es la Oficialía Mayor, al aprobarse el aumento de 211 millones de pesos, pero solo con nueve millones a Desarrollo Social, doce millones a Comunicación Social y cuatro millones de pesas para el Instituto de la Mujer, dejando al último las necesidades de la ciudadanía con mayores afectaciones.

Entre estos momentos de polémica e incertidumbre, solo queda que con tiempo los diputados definan si autorizar los aumentos solicitados por los ayuntamientos, paraestatales y el Estado.