Diputados avalan Ley de Seguridad Interior

Baja California.- A pesar de las constantes amonestaciones de la ONU, la CIDH, la Amnistía Internacional y la misma ciudadanía, en el Senado de México se aprobó la Ley de Seguridad Interior tras una ardua sesión de 15 horas con más de 40 participaciones en tribuna y con un total de 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones. El Consejo de Seguridad Nacional determinara la procedencia de la intervención de la Federación en estados y municipios y expedirá dentro de 72 horas la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.  

El presidente de la Mesa Directiva del Senado Ernesto Cordero, turno a San Lázaro el dictamen con cambios diversos que expide el marco legal el cual se encargará de regularizar y normalizar el uso de las fuerzas federales en estados y municipios cuando estos sean rebasados por la delincuencia organizada.

Durante el debate destacaron momentos, cuando el senador panista Roberto Gil Zuarth subió a la tribuna a defender el dictamen. Acusó a la mayoría de los participantes y opositores a la ley por hacer señalamientos “frívolos”. Ante la pregunta de la senadora Dolores Padierna: “¿Cuál ha sido el resultado de los derechos humanos tras once años de participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública?” Calificó como “maniqueo” decir que el Ejercito es el mayor violador de los derechos humanos ya que es el crimen organizado el principal violador de derechos humanos.

Asimismo, Gil Zuarth se valió de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución que estipula y dispone del Ejército para ejercer ciertas funciones de seguridad pública. Por otra parte, el senador panista Víctor Hermosillo, uno de los más firmes opositores, sentenció que esta ley constituye “la joya de la corona del fracaso de la administración de Enrique Peña Nieto”.

El senador del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya, determinó que se debe exhortar a cada orden de gobierno a ejercer sus facultades y cumplir sus funciones, a tener cuerpos policiacos bien capacitados, con sueldos dignos, cambiar los altos mandatarios y sobre todo generar políticas verdaderamente efectivas para el combate de la delincuencia, sin la intervención del Ejército.

Por último, hoy la vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Elisabeth Throssell, califico este acto como “lamentable” y mantiene su escepticismo pues no cree que sea un paso positivo para combatir con la delincuencia en México porque el principal valedor de la seguridad nacional debe ser la Policía, no las fuerzas armadas.