Animal Político y MCCI presentan la "Estafa Maestra" del gobierno federal

Esta semana Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, revelaron en conjunto una investigación periodística que aparatosamente involucra al gobierno federal, dependencias gubernamentales, universidades y empresas fantasma.

La investigación la titularon “La estafa maestra: graduados en desaparecer dinero público”, y reconocieron que Javier Duarte era sólo un principiante, pues el gobierno federal usó 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios. Mencionan que a través de 11 dependencias, el gobierno lo ha utilizado para desviar grandes cantidades de dinero que superan cifras de millones de pesos. Por ejemplo, Animal Político y MCCI encontraron que en Cuentas Públicas registradas en 2013 y 2014 había contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y en esa cifra 3 mil 433 millones no se sabe dónde están.

Fueron a 186 empresas que se les entregó los 7 mil 670 millones de pesos, sin embargo, 128 de ellas no debían recibir fondos públicos, ya que no existe la infraestructura ni la regulación jurídica para ofrecer servicios para los que fueron contratadas o no están en existencia.

Entre los implicados, según la investigación, se encuentran Rosario Robles, quien era titular de la Secretaría de Desarrollo Social; Alfredo del Mazo (Banco Nacional de Obras) y Emilio Lozoya (PEMEX). Estas tres dependencias son los tres principales responsables de realizar el mecanismo que para el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, se trata de un fraude millonario más sofisticado que el de Javier Duarte.

Eso no es todo, sino que el gobierno federal trianguló el desvío de los recursos con ocho universidades públicas que recibían los contratos por parte de éste para después dárselos a las empresas, y las universidades cobraron millones de pesos de “comisión” aunque no hubiera algún servicio que hayan dado.

En resumidas cuentas, Animal Político y MCCI siguieron rastro del dinero y qué habían hecho los universidades con tales montos y qué empresas eran para realizar los supuestos servicios. ¿El resultado? Después de investigar en seis estados, revisar documentaciones y visitar las supuestas localizaciones de las empresas, llegaron a concluir que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas inexistentes; las tan nombradas “empresas fantasma”, ya que no hay nisiquiera en algunas evidencia documental de que hayan existido.

  

Los testimonios

En el trabajo de campo periodístico, personal de Animal Político, visitaron a Francisco, quien supuestamente es titular de una empresa que ganó un contrato de 500 millones de pesos. En su llegada, sólo se encuentra una humilde ranchería en Villahermosa, Tabasco. Uno de sus vecinos, Luis, les dijo a los reporteros que Francisco no estaba que trabajaba como conserje en una escuela cerca de allí.

Cuando llegaron a entrevistar a Francisco, que se encontraba barriendo un salón, afirmó que sí había prestado su nombre para firmar un contrato de una empresa. “Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero [la empresa] era de ellos, y lo de nosotros era prestación de servicio”, mencionó. Con enorme impresión, los periodistas le preguntaron si había recibido dinero, por lo que contestó que nunca recibió esos 500 millones de pesos que su “empresa” había ganado y que “si hubiera tenido todo eso no estaría aquí”.

Otro caso es la Secretaría de Desarrollo Social, encabezado en aquel entonces por Rosario Robles, según informa Animal Político, la dependencia tenía en 2013 un presupuesto de 550 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras, al igual para la difusión de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que supuestamente el gobierno federal la creó para combatir la pobreza extrema.

Así, los apoyos debían llegar a familias de escasos recursos desde 2013 en 11 estados con zonas marginadas como Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas. Pero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó solo el 7% de la entrega de las despensas que se habían comprado y tampoco existe constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.

¿En dónde quedó lo demás? El desvío se realizó a partir de la firma de convenios entre Sedesol y universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que fungieron como intermediarias. Se reportó en Cuenta Pública 2013 y 2014 que 10 convenios con esas universidades tenían un monto de 2 mil 224 millones que debían llegar a programas sociales. Los organismos de educación superior no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, por lo que supuestamente se quedaron nadamás con una comisión de 215 millones 446 mil pesos. El resto del dinero se entregó a 20 empresas que 19 de ellas presentan irregularidades y que por ley deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos; es decir, sólo una es legal.

Según la investigación, Sedesol “se declaró satisfecha con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de nada”.

Finalmente, mencionan a Petróleos Mexicanos como parte del desvío de recursos. “Nunca antes había escuchado el nombre de esas empresas”, dijo un empleado de un despacho contiguo al de la empresa E&P Solutions y Enery Oil and Gas que supuestamente deberían estar laborando; pero no hay empleados, ni mesas o sillas, sólo el polvo persiste en la oficina de la plaza comercial de Ciudad del Carmen, Campeche, según narran Animal Político y MCCI.

Con dichas empresas fantasma, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco contrató en 2013 por 556 millones de pesos un supuesto servicio profesional especializado en ingeniería a Petróleos Mexicanos. Además de E&P Solutions y Energy Oil and Gas, contrataron a dos empresas más: Drilling and Completion Services y a Integrated Reservoid Management Services de México. Según el reporte y a través de entrevistas realizadas por el equipo periodístico, las cuatro participaron en un fraude de 556 millones de pesos y de forma común se involucran socios, representantes legales y comisarios, quienes al final resultaron ser prestanombres.

Con ese método afirman también que desde 2011 (cuando Felipe Calderón aún era presidente de la República) y 2014, Pemex entregó 3 mil 576 millones de pesos a 95 empresas y con la complicidad de seis universidades públicas del sureste del país, con quienes firmó 39 convenios.

Emilio Lozoya, ex director, le negó a Animal Político y MCCI, conocer detalles o participación de los contratos, ya que según él, “dichos contratos se asignaron a nivel de las regiones, y no desde el corporativo”. “Si hubo posibles, irregularidades mi postura es que se investigue y en su caso deslinden responsabilidades. Esto siguiendo el debido proceso y analizando los temas técnicos que estos contratos hayan estipulado”, agregó.