El dilema de las App´s

El tema de las Asociación público privado ha conllevado retrasos de decisión en el Congreso del Estado de Baja California. Por un lado, las manifestaciones frecuentes de agrupaciones como Mexicali Resiste y la significativa población que ve con incertidumbre la construcción de las desaladoras; por otro lado, el exhorto de algunas figuras públicas (incluido el gobernador) que consideran que esta colaboración entre la iniciativa privada y el sector público tendrá un beneficio para la distribución de servicios públicos.

Hay que decirlo, las APP's no son nuevas, y otras administraciones en el país las han utilizado. Desde el 2012 se inició con la materialización de las iniciativas  y es partir de ese octubre que se aprueba la construcción de la planta desaladora en Ensenada. Para el 10 de julio del 2014, los diputados autorizaron en la XXI Legislatura que el Poder Ejecutivo llevara a cabo las asociaciones públicos privadas.  Los proyectos de las desaladoras tanto de San Quintín como de Rosarito  fueron presentadas el 20 de diciembre del 2016 en la XXII Legislatura. 

El problema parece, pues, que los contratos con las empresas pudieran vislumbrar una falta de transparencia y precisamente puede que sea ese el cuestionamiento de la sociedad. Además, la realización de nuevo acueducto no resolvería el problema del abasto del agua y tendrían costo similar que las desaladoras. 

Al final del día, la eficacia de los proyectos gubernamentales con la inversión privada debe presentarse de manera transparente en su totalidad y bajo un consenso generalizado. No hay que "satanizar" a las APP y tampoco debemos dejar que el conflicto de interés permeé un proyecto que pueda optimizar e innovar la operación y mantenimiento de servicios públicos, como el líquido vital que tanto necesitamos.